Los contratistas estatales sólo quitarán los árboles que representen un peligro para la seguridad de las cuadrillas y los árboles que estén secos (muertos) o que probablemente mueran dentro de los próximos 5 años como resultado del incendio, y que si se cayeran afectarían el derecho de paso público o a otro bien público mejorado.